Luego de que la fiscal de la causa por el intento de asesinato contra Cristina Kirchner pidiera 15 y 14 años de prisión para dos de los acusados por el atentado, este jueves fue liberado el tercero de ellos, tras pasar tres años preso en Marcos Paz. Se trata de Nicolás Gabriel Carrizo, indicado como el jefe de “Los Copitos”.
Fue el Tribunal Oral Federal 6 el que ordenó excarcelar a Carrizo, luego de que ni la fiscalía ni la querella formularan una acusación en su contra en la etapa de alegatos finales. Tras finalizar la audiencia del juicio oral en los tribunales de Retiro, el implicado recuperó su libertad, de la que estaba privado desde que en septiembre de 2022 se lo detuviera por orden de la jueza federal María Eugenia Capuchetti.
En ese momento, Carrizo fue procesado como supuesto “partícipe secundario” del hecho. Pero la fiscal Gabriela Baigún, en los alegatos finales del juicio, aseguró que no encontró pruebas para acusarlo, en similar postura a la que mantuvo la querella de la ex vicepresidenta en su alegato.
Ante ello, el abogado de Carrizo, Gastón Marano, pidió al Tribunal Oral Federal 6 la “inmediata soltura” desde la sede judicial ante la falta de acusación, a lo que accedieron los jueces Sabrina Namer, Adrián Grünberg e Ignacio Fornari.
La decisión de la querella de tampoco acusar a Carrizo fue parte de una estrategia para intentar desarmar la acusación de que el intento de asesinato fue obra del grupo de marginales llamados “Los Copitos”, sino de algún supuesto poder político oculto.
Diferente es la situación de los otros dos acusados del atentado contra la ex vicepresidenta. Ayer mismo, la fiscal Baigún pidió una condena de 15 años contra Fernando Sabag Montiel, que fue quien gatilló dos veces una Bersa calibre 32 a centímetros de la cabeza de la expresidenta la noche del 1° de septiembre de 2022, y de 14 años para su ex novia Brenda Uliarte.
La fiscal tuvo como agravantes la calidad institucional de la ex presidenta y la violencia de género y como atenuantes la precaria situación social en que vivían antes del ataque. Y pidió que para Sabag, condenado a 4 años por la venta de videos de pornografía infantil, se la unifique a 19 años. En el caso a Uliarte, una pena única de 14 años y 6 meses de prisión.
En su alegato, que duró casi 8 horas, Baigún sostuvo que los hechos imputados a Sabag Montiel se encuadran en los delitos de “homicidio agravado por alevosía, por haber sido perpetrado mediando violencia de género en su modalidad de violencia política y por el empleo de un arma de fuego, en grado de tentativa, en calidad de autor penalmente responsable”.
Todo en concurso ideal, dijo, con el delito de portación de un arma de guerra sin la debida autorización legal en calidad de autor penalmente responsable.
Por su parte, Baigún dijo que los hechos imputados a Brenda Uliarte encuadran en los delitos de homicidio agravado por alevosía, por haber sido perpetrado mediando violencia de género en su modalidad de violencia política y por el empleo de un arma de fuego, en grado de tentativa, en calidad de partícipe necesaria penalmente responsable.
Los motivos para acusar a Sabbag Montiel y a Uriarte, de acuerdo a la fiscal
La fiscal Baigún, en su alegato, enfatizó que Sabag Montiel “tenía un arma de fuego de verdad”. Dijo que “la pistola que portaba en la ocasión cumple con la definición que da el Decreto Reglamentario 395/75, en su art. 3, inc. 1”, que no era “un arma de juguete, ni una pistola de agua” y que esa arma era “apta para el disparo y estaba cargada con 5 municiones”.
También recordó que Sabag participaba de grupos antisemitas y rechazó que sea un inimputable por sus problemas psicológicos. Y que se creía un ejecutor de las profecías de un Florencio Parravicini, a quien se lo conoce también como el Nostradamus argentino, entre otros pensamientos esotéricos. Lo definió como un “megalómano con ideas delirantes”. Para Baigún ambos tenían plena conciencia de lo que estaban haciendo.
Sobre Uliarte, la fiscal dijo, que “no presenta ningún transporto psíquico”, aunque durante el juicio realizaba “risas inmotivadas y miradas extrañas”. Y tuvo cuadros de excitación psicomotriz y trató de agredir a un defensor. Pero según una psiquiatra se trató de una “actuación”.
Contó además de un examen que se le hizo a Uliarte en la cárcel y recibió diagnósticos de depresión pero también, a su criterio, era “un cuadro sucio”. Y ninguno “refirió que ella no podría comprender la criminalidad”. Pero serán los jueces los que deban determinar si es imputable y resaltó que ningún testigo dijo que ella “presentaba un trastorno psiquiátrico antes del hecho”, más allá del impacto por el fallecimiento de su abuela.
También dijo que los testigos la vieron “cómoda” en el piso de Crónica TV donde fue entrevistada por un periodista K antes del ataque. Y en Telefé, en el día posterior al hecho, buscó despegarse del hecho. Respecto del contenido de su celular, que sí se pudo abrir, se observa como manifiesta su intención de matar a Cristina Kirchner y su desprecio a su gobierno.
El debate en el juicio oral se reanudará el 10 de septiembre próximo.