El juez federal de Lomas de Zamora Luis Armela entendió que la exesposa de Martín Insaurralde, Carolina Alvarez, no está imputada en la causa en que se investigan los bienes del exfuncionario y la excluyó del amplio peritaje contable que se realizará desde el mes próximo.
La resolución sorprendió a la Unidad de Información Financiera, a la fiscalía de Sergio Mola y a los querellantes de Poder Ciudadano, que preparan escritos para reclamar la nulidad de esta decisión. Entienden que no es el juez el que imputa, sino el fiscal, y que en todo caso, todas las partes habían ya acordado que el peritaje la involucre.
“Se advierte que la participación de la Sra. Álvarez no se encuentra comprendida dentro de los alcances de la medida (peritaje), sumado a que hasta este momento no reviste carácter de imputada en las presentes actuaciones”, dijo el magistrado Armella.
Y agregó que “en consecuencia, no habré de hacer lugar a la incorporación del punto N° 34 propuesto por las partes [en el peritaje] que a ella se refiere, a fin de no conculcar garantías de raigambre constitucional, en particular la garantía de defensa en juicio”.
Los acusadores querían que se incluya en el peritaje una averiguación para determinar el origen de los fondos con los que fueron adquiridos los terrenos en los que luego se alzó la mansión de Insaurralde en San Vicente, en torno a los cuales Álvarez aparece mencionada.
La primera esposa de Insaurralde era Liana Toledo, hija del exintendente de Lomas de Zamora Hugo Toledo y madre de Martín y Rodrigo, sus dos primeros hijos. La mujer es funcionaria del otro juzgado federal de Lomas de Zamora a cargo de Federico Villena.
Luego, Insaurralde formó pareja con Carolina Alvarez, quien era la esposa del hermano de Liana, Leandro Toledo. Es decir, se enamoró de su excuñada. Tuvieron a Bautista, el tercer hijo del exintendente. En 2008 decidieron separarse.
Con posterioridad, el exintendente de Lomas de Zamora se casó con Jessica Wanda Cirio, quien está investigada en esta causa, junto con Sofía Clerici, la “acompañante de viajes” cuando navegaron juntos en el yate Bandido por el Mediterráneo en Marbella en 2023. Ese periplo fue el disparador de la investigación judicial por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
El martes pasado, todas las partes acordaron realizar un amplio peritaje de 77 puntos sobre los bienes de Insaurralde, de Cirio, de familiares y de Clerici.
El estudio lo realizarán los peritos de la Corte, luego de una discusión que llevó algunas incidencias, ya que en un principio el tribunal pretendió que el peritaje fuera realizado por la Universidad de Buenos Aires (UBA).
El trabajo comenzará el 3 de marzo y hay ánimo de que la tarea sea expeditiva, por lo que podría durar de tres a cuatro meses, dijeron fuentes del caso a LA NACION.
Entre lo que se va a analizar hay un supuesto préstamo o donación de US$250.000 que habría hecho Insaurralde a Cirio y se buscarán determinar los orígenes de esos fondos.
También se analizará cómo se pagó el viaje realizado en 2023 por Insaurralde a Marbella, cuando compartió una semana con Clérici en una villa de lujo y navegó en el yate Bandido, mientras tomaban champagne en el Mediterráneo.
Otro de los asuntos que se ahondará es cómo pagó los pasajes de avión con los que realizó un centenar de vuelos, ya que sus ingresos en blanco no permiten costearlos. Asimismo, se evaluará el mecanismo de adquisición de la quinta de San Vicente, donde el exintendente vivió con Cirio, y la compra de vehículos de lujo que utilizaban él y algunos colaboradores.
Allí es donde había sido incluida Alvarez. Pero ahora el juez dijo que no está imputada y la sacó del caso.
Participaron en el encuentro el juez Armella, el fiscal Sergio Molla y los abogados Fernando Enrique Pinto y Nicolás Hilario Maciel, por parte de Insaurralde; Claudio José Caffarello y el contador Alejandro Rosenfeld, por Jésica Cirio; el abogado Martín Juan Larralde, por Sofía Clérici; el letrado Juan José Oribe, por Víctor Donadio, y el doctor Tomás Brady, de Poder Ciudadano.
En representación de la Unidad de Información Financiera (UIF) participaron Marianela Celia Teich y Victoria López Lucesoli. También tomaron parte la fiscalía, empleados de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos y la contadora María Eleonora Feser, en su calidad de perito contadora oficial del Cuerpo de Peritos del Poder Judicial de la Nación, especializados en casos de corrupción y delitos contra la administración pública.