El Ministerio de Justicia y Seguridad provincial aplica un nuevo procedimiento para desalentar las falsas alarmas, tras registrar más de 150 intervenciones en una semana. Las autoridades buscan que los responsables asuman los costos de los operativos.
Las escuelas de Santa Fe atraviesan un período de tensión tras el episodio ocurrido en San Cristóbal. En este contexto, el Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia registró más de 150 alertas por amenazas o mensajes intimidatorios en instituciones educativas durante la semana del 16 al 22 de abril. Como parte de la respuesta, las autoridades ya lograron identificar a siete personas presuntamente responsables de algunas de estas amenazas.
La secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio, Georgina Orciani, remarcó que amenazar a una escuela “es un delito que acarrea consecuencias penales y económicas”. Siguiendo las declaraciones del ministro Pablo Cococcioni, explicó que cada operativo de seguridad desplegado tiene un costo promedio de entre 5 y 6 millones de pesos, monto que se buscará cobrar a los responsables identificados.
“Estamos acostumbrados a que la única manera en que reflexionamos es cuando nos tocan el bolsillo, por lo que el Ministerio de Justicia y Seguridad ha puesto una medida que busca desalentar estas prácticas”, agregó Orciani. En caso de que los autores sean menores de edad, la responsabilidad económica recaería en sus padres o tutores.
La medida se enmarca en la Resolución 1.201/26, que establece un protocolo de recupero y resarcimiento de gastos ocasionados al Estado por hechos de violencia, amenazas y conductas de riesgo en ámbitos escolares. El procedimiento consta de siete pasos, que inician con la identificación de los autores por parte del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y culminan con una intimación de pago con un plazo improrrogable de cinco días.
Orciani hizo un llamado a la colaboración de las familias: “No hay manera de frenarlo sin ellos. Esto no es un juego, es un delito tipificado en el código penal y que tiene una sanción económica”.