El proyecto anti trapitos, con media sanción en Senadores, avanza en Diputados. Legisladores y municipios advierten sobre posibles problemas de aplicación y saturación judicial.
El proyecto que busca prohibir la actividad de los cuidacoches en toda la provincia, conocido como “anti trapitos”, tiene media sanción en el Senado y ahora se encuentra en la Cámara de Diputados. La iniciativa establece la adhesión de los municipios como paso fundamental para su aplicación, y contempla tareas comunitarias, penas de arresto y una alternativa de reinserción laboral para los trapitos.
Desde la comisión de Seguridad Pública de la Cámara baja, su titular, Martín Rosúa, subrayó que se debe aprobar una “legislación responsable y aplicable”. Advirtió que aún resta resolver qué organismo procesará el juzgamiento de las contravenciones. “Cargarle el trabajo a la Justicia penal podría empeorar la situación”, remarcó el legislador.
El expediente que arribó de la cámara alta recayó en tres comisiones para su dictamen y correcciones. El miércoles pasado, Seguridad Pública recibió a representantes de ocho municipios (Rosario, Rafaela, Santa Fe, entre otros), entre intendentes y secretarios de Control. Tras más de dos horas de participaciones, prevaleció el pedido de solicitar algunos cambios al proyecto votado por el Senado para regular y reducir la actividad de los trapitos.
Entre las preocupaciones expresadas, los funcionarios de la capital provincial cuestionaron el artículo 4, que impone la adhesión a la futura norma y constituye al ámbito municipal como autoridad para afrontar las contravenciones. Señalaron que para cumplir con el proyecto haría falta más presupuesto y nuevas designaciones.
Otro punto latente fue la posible saturación del fuero penal. “Los principales centros urbanos están a favor de la prohibición y reclaman una norma provincial para tener apoyatura jurídica. Pero existe un tema técnico: cómo la actividad de cuidacoches pasa a ser una contravención cuando en muchas ciudades no existen juzgados de faltas provinciales y el accionar caería subsidiariamente en la Justicia penal, que está colapsada con 600 causas con juicios orales pendientes”, explicó Rosúa.
El diputado también se hizo eco del reclamo de municipios ante el faltante de equipos de abogados y procuradores. “Se puede resolver en un periodo corto, pero lo otro es resolver quién dirige y determina las acciones a juzgar. Ahí hay un embudo donde no hay jueces de faltas ni comunitarios, y todo recaería sobre jueces penales de primera instancia”, agregó.
El tema en Diputados requerirá precisiones. Se planteó que distintas problemáticas (trapitos que extorsionan, cuidacoches aceptados por vecinos, barrabravas que lucran, cooperativas a beneficio de hospitales) son fenómenos heterogéneos pero se legislarían todos bajo la misma prohibición. “Está claro que se llegó a un nivel casi insoportable en un sector de la sociedad. Sería una injusticia abordarlo genéricamente cuando hay problemas distintos. Ahora hay que resolver cómo ponerlo en marcha, sin generar recursos extra, sin complicar a la Justicia y sin atacar la vulnerabilidad de personas que tendrían que ser atendidas y capacitadas laboralmente”, resumió Rosúa.
Por su parte, Lionella Cattalini indicó que existen realidades distintas en las diversas localidades y normativas distintas. “Todos pidieron cambios por la capacidad de accionar o no ante una falta cometida”, señaló.