La Comisión Interamericana de Derechos Humanos adoptó una resolución que vincula las decisiones de impuestos, gasto público y deuda con la garantía de derechos fundamentales. El documento cobra relevancia en el contexto de ajuste en Argentina.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) marcó un hito jurídico al adoptar la Resolución 2/26, la cual establece que las decisiones sobre impuestos, gasto público y deuda no son meros números técnicos, sino que deben garantizar los derechos fundamentales de la población.
La medida cobra especial relevancia para la Argentina, en medio de los recortes impulsados por el gobierno de Javier Milei y tras la masiva Marcha Federal Universitaria que volvió a reclamar fondos para sostener el sistema educativo público.
La Resolución 2/26, titulada “Políticas Fiscales y Derechos Humanos en las Américas”, fue adoptada el 28 de abril por la CIDH y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA).
El documento advierte que los Estados tienen la obligación de movilizar el «máximo de los recursos disponibles» para asegurar derechos económicos y sociales; además remarca que los Estados conservan margen para definir sus políticas económicas, pero aclara que esas decisiones deben respetar obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. También advierte que las medidas de austeridad o consolidación fiscal no pueden aplicarse de manera indiscriminada ni afectar niveles esenciales de derechos sociales.
La CIDH sostiene que el presupuesto público es el «instrumento principal» para traducir las leyes en acciones estatales concretas. Según el documento, ninguna política pública puede ser efectiva sin una asignación adecuada de recursos, y advierte que un gasto social insuficiente o mal distribuido vulnera la capacidad del Estado para reducir la desigualdad, y que recortar en lo social termina profundizando la brecha entre los que más y menos tienen.
Este enfoque le pone la lupa a casos como el de la ANDIS. La resolución subraya que el desvío de fondos o la mala gestión castigan directamente a los sectores más frágiles. Se trata de una advertencia que le pone marco a los reclamos locales por demoras y trabas administrativas que hoy tienen a miles de personas con discapacidad esperando por prestaciones que son vitales.
Entre los principales puntos, la CIDH advirtió que los Estados no pueden aplicar recortes que impliquen retrocesos en derechos básicos sin una justificación excepcional. La resolución sostiene que las medidas regresivas “solo podrán adoptarse de manera excepcional” y deberán ser “temporales, necesarias, razonables, proporcionales y no discriminatorias”.
El organismo también puso el foco en el peso de la deuda pública y alertó que las políticas de austeridad o el pago de deuda externa no deben comprometer servicios esenciales. Según el documento, el “endeudamiento público insostenible” y “la adopción de medidas de austeridad” pueden afectar “la continuidad de políticas públicas, la prestación de servicios esenciales y la capacidad de los Estados para garantizar los derechos humanos”.
Además, la CIDH reclamó mayor transparencia sobre el manejo de los recursos públicos y defendió el derecho de la ciudadanía a participar en las decisiones presupuestarias. “Los Estados deben garantizar mecanismos de participación inclusivos y efectivos” y publicar información fiscal “clara, oportuna, accesible y suficientemente desagregada”, señaló la resolución. Y agregó: “Los Estados deben orientar la asignación, ejecución y evaluación del gasto público a la garantía de los derechos humanos”.
La resolución fija por primera vez criterios jurídicos y políticos para analizar el impacto social de las decisiones fiscales y coloca bajo observación regional las políticas de ajuste, gasto público y endeudamiento aplicadas por los países del continente. En el documento, la CIDH remarca que “las políticas fiscales no son neutrales” y que sus efectos “inciden directamente en el goce y ejercicio de los derechos humanos”.
El organismo contextualizó además que América Latina continúa siendo una de las regiones más desiguales del mundo, con altos niveles de concentración de ingresos y persistencia de la pobreza estructural. Frente a ese escenario, la Comisión sostuvo que los sistemas tributarios y presupuestarios deben orientarse a “reducir las desigualdades estructurales” y garantizar recursos suficientes para sostener derechos básicos como salud, educación y protección social.