Los casos de violencia doméstica contra niños, niñas y adolescentes (NNyA), en la Ciudad de Buenos Aires han aumentado de manera sostenida desde 2020, según el último informe de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), de la Corte Suprema de Justicia. Los datos son escalofriantes: en 2023, se denunciaron 3828 casos, un 46% más que en 2021. El 90% de los casos son intrafamiliares, en donde se registra una preponderancia de varones denunciados.
Este crecimiento alarmante de la violencia intrafamiliar se profundiza en momentos como los que vivimos en nuestro país de una gran crisis social que atraviesan nuestros estudiantes y sus familias. El brutal ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei ha desmantelado programas y ayudas sociales, a la vez que se produce un empeoramiento de las condiciones de vida de miles de las familias trabajadoras, empujándolas a una situación de estrés, pobreza y desesperación que solo agrava las dinámicas de violencia en el hogar. Con salarios pulverizados, despidos masivos, economía inestable y un Estado que abandona cualquier tipo de asistencia social, la descomposición social producto de la pobreza se acelera y sus víctimas son, principalmente, las infancias, las adolescencias y las mujeres.
En la Ciudad de Buenos Aires viene en aumento la situación de pobreza de miles de personas, los problemas de acceso a la vivienda y las familias que alquilan o tienen casa propia, deben sobrevivir en condiciones de precariedad que profundiza la violencia doméstica. Teniendo en cuenta que es el distrito más rico del país, Jorge Macri no se queda atrás con el plan motosierra: el 42,6% de los niños, niñas y adolescentes (de 0 a 17 años), residen en hogares en condiciones de pobreza según datos de enero de este año.
El informe de la OVD deja en evidencia que la mayoría de las víctimas son menores de 10 años y que, en la adolescencia, las mujeres más jóvenes comienzan a sufrir un recrudecimiento de la violencia, muchas veces en el marco de relaciones de pareja marcadas por la desigualdad y el machismo.
Otro dato alarmante es que, en 2023, 43 adolescentes mujeres de entre 13 y 17 años denunciaron violencia de sus novios o exnovios, con un 58% de los casos evaluados como de “riesgo alto o altísimo”, es la prueba de que la violencia machista no empieza ni termina en el hogar. Se reproduce en todos los ámbitos, avalada por una justicia patriarcal que sigue protegiendo a los agresores y por un Estado que no garantiza Educación Sexual Integral (ESI), ni herramientas reales para los jóvenes.
Mientras los medios de comunicación ligados a la Libertad Avanza, al PRO y defensores de sus políticas reaccionarias mencionan estos informes como “estadísticas preocupantes”, las docentes sabemos que detrás de cada número hay una historia de un o una estudiante que padece estas situaciones. Vemos día a día las consecuencias de esta violencia en nuestras aulas: niños y niñas con hambre, familias que no llegan a fin de mes, adolescentes sobrecargadas con tareas de cuidado y pibes que empiezan a trabajar desde muy temprana edad. La pobreza, el desempleo y la falta de acceso a derechos básicos no solo perjudican las condiciones de vida de miles de mujeres trabajadoras y de sus familias, sino que generan los ambientes acordes para el aumento de la violencia intrafamiliar.
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El ministerio público tutelar, en el último informe presentado sobre abuso sexual infantil (ASI), indica que, en la Ciudad de Buenos Aires, la escuela adquiere especial relevancia, ya que en 1 de cada 4 casos se devela el hecho en la escuela. Los datos muestran que el abuso sexual continúa siendo predominantemente intrafamiliar y se da principalmente en contextos y con personas de confianza de las NNyA. La escuela y con la transversalidad de la Educación Sexual Integral, permite a los niños, niñas y adolescentes aprender a discernir situaciones abusivas y violentas, es decir permite adquirir información sobre la temática que facilita la identificación y comprensión de la situación vivida.
El problema no es nuevo, pero la respuesta sigue siendo insuficiente y los gobiernos de los ajustadores de Milei y Jorge Macri cierran secretarías, desfinancian programas destinados a abordar estas problemáticas, Milei amenaza con eliminar la imagen de femicidio producto de la violencia de género que afectan a miles de mujeres y repercute sin dudas en sus hijos e hijas, quedando en muchos casos sin madre. El gobierno de Macri en las escuelas elige para abordar esta situación el enfoque de bienestar socioemocional, que no es otra cosa que la autorregulación de las emociones, descontextualizando el ambiente en el que viven las infancias y sus situaciones económicas y sociales.
Desde la banca de nuestra compañera Andrea D´Atri y anteriormente Alejandrina Barry, hemos presentado distintos Proyectos de Ley como la ampliación de los equipos de DOE y EOE en todos los niveles por el aumento en la demanda en relación a la salud mental, continuar con la exigencia de capacitaciones y la implementación de la Educación Sexual Integral en todas las escuelas.
Las docentes somos quienes estamos en contacto permanente con todas estas problemáticas y es un deber pedagógico y político comenzar a organizarnos para dar una pelea contra todas estas condiciones de desigualdad.
Es urgente un plan integral de asistencia y protección a las niñeces, con presupuesto real y controlado colectivamente; la efectiva implementación de la Educación Sexual Integral con perspectiva de género y libre de censuras con todos los recursos necesarios (desde material para las clases hasta equipos interdisciplinarios de EOE y DOES por escuela) y pelear por condiciones dignas de vida con salarios que alcancen para las familias trabajadoras.