La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York dispuso la suspensión preventiva de la entrega del 51% de las acciones de YPF y ya no corre el plazo de 72 horas que había dictaminado la jueza Loretta Preska en primera instancia. El fallo de esta jueza implica una injerencia escandalosa del imperialismo en los asuntos del país.
“El Tribunal concede una suspensión administrativa temporal de la orden de transferencia del Tribunal de Distrito en espera de la resolución de la solicitud de suspensión por un panel de tres jueces”, afirmó Catherine O’Hagan Wolfe, secretaria del Tribunal, en su escrito publicado este martes.
El siguiente paso quedará en manos de la Cámara y será evaluar la apelación presentada por los abogados defendores de la Argentina, que se tramita en paralelo a la ejecución de la sentencia de Preska a favor de los fondos buitres.
Los camaristas deberán dar una respuesta definitiva al juicio: ratifican todo lo actuado por la magistrada, cambian parcialmente el fallo o lo revocan. La Cámara concedió una suspensión administrativa temporal de la orden inicial del tribunal de distrito del 30 de junio pasado. Dicha suspensión estará vigente hasta que un panel de tres jueces analice y resuelva la moción de suspensión solicitada por Argentina.
En tanto, el subprocurador del Tesoro, Juan Ignacio Stampalija, se encuentra en Nueva York este martes tenía una reunión convocada por Preska con los abogados de Petersen/Eton y Bainbrigde sobre el proceso de intercambio de información y documentos entre las partes. El Gobierno promueve una mayor subordinación y dependencia al imperialismo.
Vale recordar que en 2008 el kirchnerismo promovió la compra del 25% de las acciones por parte de la familia Eskenazi, que no tenían antecedentes en el mundo del petróleo. Fueron dos operaciones, financiadas por bancos internacionales y la propia Repsol, que sumaron U$S3.540 millones, a pagar en cuotas y con las ganancias que generase, es decir ingresaron al negocio sin poner un dólar. Un gran negocio. Es la misma familia que está asociada a los buitres que hoy le reclaman a la Argentina.
El fallo de la jueza Preska fue posible gracias a la prórroga de jurisdicción argentina a favor de tribunales extranjeros. Como destacó la referente del PTS Myriam Bregman luego de conocerse el fallo, fue la dictadura cívico-militar la que eliminó la obligación de la competencia de la justicia nacional y permitió intervenir a la extranjera. Desde ese momento múltiples “acuerdos, contratos y tratados internacionales –incluidos los Tratados Bilaterales de Inversión, las leyes y estatutos de las privatizaciones, hasta el actual RIGI– […] sometieron al país a jurisdicción de tribunales extranjeros, particularmente a tribunales de Estados Unidos, el Reino Unido y el CIADI”. Ninguno de los gobiernos posteriores discutió estos instrumentos de dependencia semicoloniales. Es necesaria la nacionalización de YPF para que sea una empresa 100% pública gestionada por sus trabajadores y técnicos y también del conjunto de las grandes empresas transnacionales de distintos segmentos del sector energético.
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