En una nueva muestra del ajuste que recae sobre las espaldas del pueblo trabajador, el Gobierno nacional oficializó este miércoles un brutal aumento del 21,5% en las tarifas de los colectivos que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). A partir del viernes 23 de mayo, el boleto mínimo pasará a $397,11, aunque este valor solo aplica para quienes cuenten con la tarjeta SUBE registrada. De lo contrario, el mínimo será de $631,40, lo que profundiza la desigualdad en el acceso al transporte público. Este incremento será seguido por dos actualizaciones más, el 18 junio y el 16 de julio para completar el 21,5% de suba.
Con este tarifazo, los boletos de tramos más largos también se disparan: los viajes de entre 3 y 6 kilómetros costarán $442,38 (o $703,38 sin SUBE registrada), y los de entre 6 y 12 kilómetros subirán a $476,46 (o $757,57). Para los recorridos de entre 12 y 27 kilómetros, el valor será de $510,57 (o $811,81 sin registro), y más de 27 kilómetros alcanzará los $544, 45 (o $865,68). El Gobierno justifica esta medida en nombre de la “readecuación tarifaria”, pero lo cierto es que golpea directamente a millones de trabajadoras y trabajadores que dependen del colectivo para ir a estudiar o a trabajar.
Este nuevo aumento se suma a una serie de medidas que forman parte del plan de ajuste fiscal impulsado por la gestión de Javier Milei, cuyo enfoque favorece sistemáticamente a los sectores concentrados del poder económico. Mientras se eliminan subsidios al transporte que beneficiaban a las mayorías populares, se mantienen privilegios para empresas y grandes fortunas. El “sinceramiento” de tarifas es, en realidad, una manera de encubrir un proceso de transferencia de ingresos desde los sectores populares hacia los más ricos.
Mientras el Gobierno permite aumentos del 21,5% en las tarifas para los usuarios, los trabajadores del sector vienen denuncian que sus sueldos quedan congelados o desactualizados, revelando el doble estándar de una política que favorece a las empresas mientras precariza a quienes sostienen el servicio todos los días.
Además, la medida deja expuestas las fallas estructurales de un modelo que descarga el costo del transporte sobre quienes menos tienen. El acceso al boleto subsidiado mediante la SUBE registrada excluye a quienes por diversos motivos no cuentan con ella, afectando directamente a las personas de los sectores más vulnerables. Mientras tanto, no hay mejoras significativas en el servicio ni una propuesta integral de movilidad sustentable.
En definitiva, el tarifazo en los colectivos del AMBA representa una nueva avanzada contra los derechos de los trabajadores en nombre del ajuste. Frente a esta situación, se vuelve urgente organizarse desde abajo para frenar estas políticas que profundizan la exclusión. El transporte público no puede seguir siendo una mercancía más en manos del mercado.