La Fiscalía de Estado bonaerense, en representación de la provincia de Buenos Aires, presentará este martes un nuevo pedido ante la Corte Suprema para reclamar por fondos previsionales que el Gobierno adeuda a la administración bonaerense por un total de 1,6 billones de pesos.
Así lo informó este lunes en conferencia de prensa el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, quien expresó: “El Gobierno Nacional adeuda a la Provincia 1.603.648 millones de pesos en concepto de transferencias de ANSES a la caja previsional. Quiero anunciar que en el día de mañana la Fiscalía del Estado de la Provincia de Buenos Aires, en la representación de nuestra provincia, va a presentar un nuevo pedido a la Corte Suprema de Justicia de la Nación reclamando estos fondos”.
“Se han producido movimientos en otras causas similares que llevaron adelante otras provincias, como Córdoba y Santa Fe, pero no se han producido ningún tipo de movimiento en la que, en abril de 2024, presentó la provincia de Buenos Aires”, continuó el funcionario y detalló que el Fiscal de Estado, Hernán Gómez, solicitará al máximo tribunal “que se expida sobre su competencia para atender en la causa, ya que si bien hay dictamen de la Procuración General al respecto, todavía no se expidió la Corte; y que fije una audiencia de partes tal como se hizo con las demás provincias”.
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Acompañado por el ministro de Infraestructura y candidato a primer senador de Fuerza Patria en la Primera sección electoral, Gabriel Katopodis, y por la titular del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), Romina Barrios, Bianco detalló que “ya existen siete recursos presentados ante la Corte” dado que la administración bonaerense reclama una deuda directa de 12,1 billones de pesos por fondos el gobierno de Javier Milei no entregó.
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El dinero que Milei les está quitando a las y los bonaerenses ya suma 12,1 billones de pesos entre deuda directa, saldos de obras públicas comprometidas por el Gobierno Nacional en la provincia y la deuda estimada por la discontinuidad o retrasos de programas nacionales.
A pesar… pic.twitter.com/3OharkFdcA
— Axel Kicillof (@Kicillofok) August 4, 2025
Durante su exposición, el ministro brindó un pormenorizado detalle de los recursos que adeuda la Nación con la provincia. Así, especificó que en concepto de deudas directas, que comprende trasferencias de ANSES a la caja provincial, compensaciones del Consenso Fiscal 2017, Fondo Nacional de Incentivo Docente, Fondo de Fortalecimiento Fiscal, convenios de asistencia financiera, fondos para el cumplimiento de leyes de salud sexual y reproductiva, equipamiento médico, maternidad y salud perinatal, Fortalecimiento de la Infraestructura Portuaria y Fondo de Compensación del Transporte Público, se deben 3 billones de pesos.
En tanto, por los saldos de obras públicas comprometidas por el Gobierno nacional en la provincia quedan pendiente de pago 6,9 billones de pesos. Ello incluye cientos de obras públicas ejecutadas directamente por Nación en territorio bonaerense, Programa Procrear y Casa Propia, trabajos tripartitos para la realización de obras entre Nación, Provincia y municipios, obras de infraestructura hospitalaria, convenios con universidades nacionales y el Fondo de Integración Socio-Urbana.
También se brindaron detalles acerca del rojo generado por la discontinuidad o retrasos en la ejecución de programas nacionales, ítem que asciende a 2,2 billones de pesos. En ese apartado, sobresale el dinero no enviado en concepto de asistencia por emergencia climática, Cucaiba y medicamentos post trasplantes, Potenciar Trabajo, Programa Clubes a la obra, y Programa Remediar.
Katopodis: “El gobierno se queda con la plata de los bonaerenses”
A su turno, Katopodis detalló: “El plan del gobierno nacional es que la obra pública no vuelva más. Ya son 600 días sin obras. El gobierno de Javier Milei se queda con la plata de los bonaerenses”. Posteriormente, expresó: “El Gobierno nacional recaudó $3,6 billones a través de impuestos que no fueron ejecutados para obras de infraestructura como lo establece la ley. En los 135 municipios bonaerenses son más de 1.000 las obras totalmente paralizadas por la Nación” y añadió: “Toda está plata no sabemos dónde está. Calculamos que con ese dinero, dibujan este superávit trucho“.
Con todo, el dirigente de San Martín aseveró que, frente a ello, el Gobierno bonaerense duplicó el presupuesto proyectado para 2025 en infraestructura sobre el ejecutado en 2024 y precisó que, de esta manera, la inversión total superará los $1,3 billones en la materia.
“La provincia, por decisión de Kicillof, viene manteniendo la obra pública. El gobernador cree que esto tiene efectos sustantivos para el desarrollo de la provincia, para el empleo y para movilizar al sector privado. Por eso, nosotros mantenemos la obra pública en la provincia”, dijo y reconoció: “Lo hacemos con dificultad, por la asfixia de Gobierno nacional, pero con objetivos claros”.
En ese marco, reclamó a la administración libertaria “que reinicie las obras o que nos las pase con el financiamiento que corresponde”, apuntó que se frenaron trabajos de creación de centros de desarrollo infantil, universidades, pasos bajo nivel, de agua y cloaca, e hidráulicas, y reflexionó: “Cuando la obra pública se frena, se deteriora la calidad de vida de la gente”.
“El gobierno nacional está quebrando un capital de todos los argentinos. Las grandes potencias del mundo hacen rutas, caminos y puertos. La Argentina, con esta decisión, está poniendo en peligro la vida de la gente e hipotecando el futuro y el desarrollo para la nación”, cerró Katopodis.
Finalmente, la directora del OPISU, Romina Barrios, también precisó que la provincia se hace cargo de las obras paralizadas por nación, como la construcción de viviendas en Lanús, la red de agua en Villa Tranquila de Avellaneda, la terminación de un centro de desarrollo infantil en La Loma de Punta Indio.
“Mientras el gobierno nacional paralizó todo y eliminó fondos que financiaban proyectos importantísimos para los bonaerenses, la provincia sigue con la determinación de continuar todas las obras porque los barrios populares requieren planificación, obras estructurales y un modelo de gestión territorial que integre lo social y lo productivo. Actualmente tenemos 13 obras por $66.000 millones listas para iniciarse, y 10 más en proceso de licitación”, indicó.