El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial calificó de inconstitucional el decreto de Javier Milei que permite el traspaso de rutas nacionales a las provincias y anticipa acciones judiciales.
En los últimos días, se publicó en el Boletín Oficial el decreto 253, firmado por el presidente Javier Milei, que habilita la provincialización de rutas nacionales. El gobierno de Santa Fe viene reclamando el traspaso de rutas nacionales que atraviesan la provincia, entre ellas la A012, que presenta un estado pésimo. Sin embargo, la medida genera preocupación en el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv), cuyo coordinador, Ricardo Lasca, la tildó de inconstitucional.
En declaraciones a LT8, Lasca advirtió: “De esta forma, vamos a volver al sulky o a andar en carros. Nos van a rodear de garitas por todos lados. Hay que recordar que con el nuevo plan de la Red Federal de Concesiones, sobre 9 mil kilómetros concesionados se agregaron 50 nuevas estaciones a las 40 actuales, es decir, habrá un peaje cada 90 kilómetros”.
Lasca también señaló que “ahora salen a provincializar rutas nacionales, a las que les pondrán peajes por todos lados. Y a eso hay que sumarle las leyes que están sacando en Río Negro, Entre Ríos, etc., para poner peajes provinciales, como existe en Santa Fe. Es increíble y claramente inconstitucional. No hay camino alternativo, hay doble imposición”.
El titular del Conaduv también se refirió a los fondos para el mantenimiento de las rutas: “El dinero está. Lo hemos dicho mil veces, es el dinero del impuesto a los combustibles que cada gobierno desvía para cualquier fin menos para obras de infraestructura. Además, hay impuestos a los neumáticos, lubricantes, retenciones agropecuarias”.
Lasca adelantó que desde el Conaduv harán una presentación ante la Justicia atacando la validez constitucional del decreto. “Primero se cuestiona por la doble imposición, la falta de caminos alternativos, el traspaso de las rutas alegremente cuando se tratan de dominio público, no son de ningún presidente ni de ningún gobernador”, explicó.
Además, pedirán una reunión en la comisión de Obras Públicas del Congreso y de Defensa de Usuarios y Consumidores para que los legisladores trabajen sobre el tema.
El decreto 253/2026 establece restricciones para las provincias, como no poder impulsar concesiones junto con otras rutas de otra jurisdicción, lo que afecta el plan del segundo anillo vial del Gran Rosario. Cuando el convenio esté aprobado, el gobierno santafesino tendrá un año para finalizar la licitación y elegir quién se hará cargo de la obra pública por peaje.