Un investigador del Conicet identificó numerosos perfiles creados recientemente en X que difunden información contra el reclamo de financiamiento universitario. La oposición y académicos denuncian el uso de fondos públicos para estas campañas.
En la previa a la nueva marcha federal universitaria de este martes, el doctor en Química, profesor de Bioinformática en la Universidad Nacional de Córdoba e investigador del Conicet Rodrigo Quiroga compiló información sobre cuentas de X que estarían operando en una campaña de desinformación contra el reclamo por el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario.
Según el relevamiento, las cuentas fueron creadas entre febrero y abril de 2026, tienen pocos seguidores y algunas publican hasta 15 tuits por hora, de día y de noche, todos los días de la semana. Quiroga compartió en su cuenta personal un listado de estos perfiles, a los que calificó como “truchos”.
Junto con estas cuentas, se viralizaron publicaciones que afirman que el Gobierno actual es el que más fondos ha destinado a las universidades. Sin embargo, verificadores como Chequeado catalogaron esa información como falsa, señalando que en 2024 y 2025 la inversión real fue la más baja desde 2007.
También se detectó la circulación de imágenes generadas con inteligencia artificial, incluso con marcas de agua visibles de herramientas como Gemini, para desvirtuar las movilizaciones. Referentes de la oposición y comunidades académicas denunciaron el uso de fondos públicos para financiar ejércitos de trolls y operaciones mediáticas contra docentes y estudiantes.
En el plano presupuestario, durante el primer cuatrimestre de 2026 el presupuesto destinado a universidades cayó un 7,9% real interanual y un 30,7% respecto de 2023. La inversión por estudiante se ubicó en el nivel más bajo desde 2004 y solo se ejecutó el 9,3% del presupuesto para hospitales universitarios. Los salarios docentes cayeron un 8,8% real respecto a 2025 y un 34,2% desde noviembre de 2023.
El Congreso aprobó una ley de financiamiento que actualiza las partidas para universidades según la inflación, y la ratificó con mayoría agravada en ambas Cámaras tras el veto presidencial. El Ejecutivo no cumplió con la norma y la judicializó; actualmente la ley está frenada por la Justicia a la espera de una definición de la Corte Suprema.