Javier Milei lo hizo de vuelta. En tiempo límite, con el respaldo total del Fondo Monetario Internacional (FMI), se encargó de vetar las leyes de emergencia en discapacidad y movilidad jubilatoria que había sancionado el Congreso. Ya concentra energías en el blindaje de esos vetos en Diputados, bajo un escenario diametralmente opuesto al que le tocó enfrentar en 2024.
La etapa que se avecina no es igual a la primera experiencia de septiembre y octubre de 2024, cuando el mandatario estrenó la potestad constitucional del veto, en ese caso contra las primeras leyes de Movilidad Jubilatoria y Financiamiento Universitario. Ahora el año electoral coloca trabas para tejer acuerdos parlamentarios que impidan que las normas vetadas sean ratificadas por dos tercios de cada recinto.
Los gobernadores, con los legisladores que le responden, no toleran la competencia que La Libertad Avanza imprime en los territorios que gestionan. Esa foto electoral no formaba parte del paisaje político del año pasado.
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A este dato, se suma que muchos reclamos que abrieron los mandatarios provinciales, en plan de unidad, no tuvieron eco en el Poder Ejecutivo. Uno de los más significativos pasa por el reparto a las provincias del impuesto al combustible. También, que los Aportes al Tesoro de la Nación (ATN) sean distribuidos de manera más equitativa. Ambos pedidos fueron plasmados en proyectos de ley que fueron sancionados en la Cámara alta el mes pasado.
De acuerdo a datos oficiales, Nación repartió de modo discrecional los ATN. Solo en julio, direccionó $ 10.500 millones a provincias con las cuales mantiene sintonía, como Catamarca, Salta y Tucumán. No obstante, tal como pudo saber PERFIL, en el oficialismo ya comenzaron a reconocer que pueden aceptar modificaciones en el reparto de los ATN cuando se abra la discusión de la iniciativa en Diputados.
Fuentes libertarias agregan que también está en análisis una distribución distinta a lo recaudado por impuestos a los combustibles líquidos. No hay dudas: el Gobierno pretende abrir su billetera para no tener otro traspié en el Congreso, un ámbito que le resulta hostil por los pocos legisladores que tiene.
La estrategia de seducción para los gobernadores, dicen en Casa Rosada, pasa por conversar con cada uno de ellos y de manera individual. Así desfilaron en los últimos días ocho mandatarios por el despacho de Guillermo Francos, el jefe de Gabinete, y el hombre que mayor diálogo generó con los dirigentes provinciales. La intención es que en la próxima semana continúe el contacto. De todos modos, más allá de las charlas y fotos de rigor, el oficialismo todavía no cumplió con las solicitudes que recibió.
En un contexto marcado por las elecciones y los reclamos, en LLA aseguran que el armado “Grito Federal”, impulsado por cinco gobernadores, no trastoca sus planes de acercamiento. Consideran que Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut), Martín Llaryora (Córdoba), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz) no tienen puntos en común entre sí. Prefieren omitir que los une el nivel de desacuerdos que tienen con Milei.
Aún así, en Balcarce 50 creen que más temprano que tarde habrá una ruptura en ese frente. Además recuerdan que apuestan a una opción electoral identificada de centro, como Juan Schiaretti, ya fracasaron en otros intentos similares. La referencia apunta a 2019, cuando el exgobernador de Córdoba fue candidato a presidente por Alternativa Federal y no realizó una performance electoral destacada. En LLA insisten que las leyes sancionadas atentan contra el superávit fiscal. Este viernes el Gobierno recibió un guiño del organismo. Fue sobre el filo del vencimiento del plazo de diez días hábiles para vetar una ley. El FMI esperó hasta último momento para producir un informe sobre la situación de la Argentina (ver página 17) con varios ejes relevantes. Uno de ellos respalda al Gobierno en su decisión de continuar con los vetos. A diferencia del año pasado, en el que pedía acuerdos parlamentarios y la sanción de una ley de presupuesto, el organismo cambió de posición. Ahora mencionó que el Parlamento aprobó nuevas y costosas iniciativas de gasto con las leyes sancionadas. Y destacó que el jefe de Estado avanzará con el veto para “preservar el ancla fiscal y las ganancias de estabilidad económica”, sostiene el Staff Report. “La disciplina del gasto es esencial e implicará que la administración se resista a nuevas iniciativas de gastos sin financiación”, sostiene el documento en un vaticinio que retumbará dentro del Congreso a partir de esta semana.