La provincia logró un acuerdo para el reconocimiento y pago parcial de la deuda nacional por la Caja de Jubilaciones, en un contexto de diálogo renovado entre el gobierno provincial y la administración de Javier Milei.
Después de meses de negociaciones, el gobierno de Santa Fe, encabezado por Maximiliano Pullaro, concretó un acuerdo con la Nación para el reconocimiento y el inicio del pago de los fondos que esta adeuda a la provincia por la Caja de Jubilaciones. El monto acordado inicialmente es de 120.000 millones de pesos, que si bien no modifica sustancialmente la ecuación económica provincial, sienta un precedente para futuras discusiones con el gobierno nacional.
El convenio, firmado esta semana por el gobernador Pullaro y la ministra de Economía de la Nación, Sandra Pettovello, incluye una tregua judicial mientras se define el monto total de la deuda y la forma de pago. Entre las posibles contraprestaciones que interesan a Santa Fe se encuentran terrenos en Puerto Norte y la transferencia de obras del Procrear. Además, se espera la pronta cesión de la ruta A012 a la provincia.
Las negociaciones atravesaron un proceso complejo, con retrocesos y momentos de tensión, como cuando el gobierno nacional intentó incluir en la auditoría el período 2017-2020. Finalmente, se acordó que la revisión se centrará en los ejercicios entre 2020 y 2025. El equipo negociador de Santa Fe estuvo integrado por el ministro de Economía Pablo Olivares, la secretaria de Legal y Técnica Julia Tonero y la exvicegobernadora Gisela Scaglia.
Desde el oficialismo provincial se negó que el acuerdo estuviera vinculado a un intercambio de votos en el Congreso Nacional, aunque se reconocieron gestos de los legisladores santafesinos que facilitaron el clima de diálogo. Analistas políticos interpretan este acuerdo como un reconocimiento por parte del gobierno nacional de la necesidad de establecer marcos de consenso mínimo para gobernar.
El acuerdo se produce en un contexto político nacional marcado por la tensión, donde el oficialismo enfrenta desafíos como una posible moción de censura contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, impulsada por la oposición, que alega incongruencias entre sus gastos y sus ingresos declarados.