Un viaje familiar a un complejo “todo incluido” en Aruba, con un costo estimado de 12.000 dólares, fue incorporado a la investigación sobre la evolución patrimonial del vocero presidencial.
La Justicia Federal incorporó un nuevo elemento a la investigación que involucra a Manuel Adorni: un viaje familiar a Aruba realizado entre el 24 de diciembre de 2024 y el 10 de enero de 2025. El dato surge de un relevamiento de movimientos migratorios solicitado en el marco de la causa que analiza la evolución patrimonial del funcionario.
Según la información reunida en el expediente, el traslado se habría realizado en vuelos comerciales de la aerolínea LATAM Airlines, con escalas en Perú a la ida y en Ecuador al regreso. Durante la estadía, la familia se habría alojado en el complejo Tamarijn Aruba All Inclusive, bajo modalidad “todo incluido”. El costo estimado del viaje ronda los 12.000 dólares, de acuerdo con los datos incorporados a la causa.
El fiscal federal Gerardo Pollicita presentó un dictamen ante el juez Ariel Lijo en el que solicitó profundizar la investigación. Entre las medidas requeridas, se incluye el acceso de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) al expediente, así como pedidos de información a la Dirección Nacional de Migraciones. En ese marco, la fiscalía pidió que se remitan todos los registros de egresos y reingresos al país de Adorni desde el 1° de enero de 2023 hasta la actualidad. También se solicitaron datos vinculados a terceros que podrían estar relacionados con los movimientos investigados.
El viaje al Caribe se suma a otros gastos y operaciones patrimoniales que están bajo análisis judicial. Entre ellos, la compra de una propiedad en Indio Cuá por unos 200.000 dólares, el adelanto para un departamento en Caballito, gastos de escritura, pasajes internacionales en clase ejecutiva y un vuelo privado a Punta del Este.
La incorporación del viaje a Aruba surgió luego de que la Justicia ampliara el alcance de la investigación tras un episodio vinculado a ese último destino. A partir de allí, se requirió un detalle completo de los movimientos migratorios del funcionario y su entorno familiar.
Hasta el momento, no hay imputación formal, y la causa continúa en etapa de recolección de pruebas. Desde el entorno del funcionario no hubo ningún comentario respecto de esto ni de ninguna de las últimas polémicas en las que se lo vio involucrado.