Un tribunal federal rechazó la apelación del Gobierno Nacional y exigió poner en marcha la ley, además de disponer la recomposición salarial para el sector.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal dispuso que el Gobierno Nacional debe aplicar de manera “inmediata” la Ley de Financiamiento Universitario (27.795), aprobada por el Congreso el año pasado. El tribunal rechazó la apelación presentada por el Poder Ejecutivo, subrayando que tanto la Cámara de Diputados como el Senado votaron el proyecto por mayoría.
Asimismo, la Justicia desestimó los argumentos del Gobierno para no aplicar la norma ya sancionada, calificándolos de “poco serios”. En la misma resolución, se exigió la recomposición salarial para docentes y no docentes desde diciembre de 2023 hasta septiembre de 2025, y se ordenó la actualización de las becas a la brevedad. El fallo también aseveró que la suspensión por decreto de la ley “es ilegítima”.
Esta decisión se produce luego de que el Gobierno Nacional apelara una medida cautelar dictada en diciembre de 2025, que lo obligaba a aplicar la ley, tras un amparo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). El reclamo del CIN y diversas universidades públicas se enmarcó en un contexto de desfinanciamiento del sector y tras tres semanas de paro nacional universitario que afectó a la mayoría de las casas de altos estudios del país.