El joven falleció en 2023 mientras era trasladado por la policía durante una crisis de salud mental. Su madre exige que se apliquen las normativas de abordaje y que la Justicia avance en el caso contra los agentes imputados.
Julián Castillo, un joven de 32 años que estudiaba Sociología y militaba en barrio Cabal, falleció el 8 de marzo de 2023 mientras era trasladado esposado en una camioneta policial de Santa Fe, luego de sufrir una crisis de salud mental en la vía pública. A tres años del hecho, su familia continúa reclamando justicia y el estricto cumplimiento de los protocolos de actuación policial.
La Guía de Actuación para Agentes de la Policía de Santa Fe en el Abordaje de Crisis Subjetivas define estas situaciones como transitorias y establece que la intervención debe basarse en el respeto y la escucha, evitando daños y dando aviso inmediato a los servicios de emergencia de salud. Según la versión de la familia, ninguna de estas pautas se cumplió durante el operativo en el que perdió la vida Julián Castillo.
La autopsia, cuyos resultados demoraron meses en conocerse, no determinó una causa concreta de muerte, descartando también una sobredosis en el examen toxicológico. Cecilia Santamaría, madre de Julián, sostiene que la intervención policial exacerbó la crisis que sufría su hijo. “Los uniformados persiguiéndolo profundizaron de manera tremenda la crisis”, declaró.
Exequiel López, Cristian Pighin, Jesús Nicolás Bonet, agentes de la Policía de Acción Táctica de Santa Fe, y el médico policial Salvador Biscari, están imputados por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Sin embargo, la causa judicial avanza lentamente. La familia teme que, sin una perspectiva de derechos humanos en la investigación, el caso pueda ser archivado.
“Queremos que a esos policías los sienten a estudiar, a hacer alguna actividad de reparación por lo que hicieron. Tiene que haber alguna consecuencia”, afirmó Santamaría. Para ella, este caso es paradigmático y debería impulsar a la Justicia a incorporar nuevas perspectivas para analizar la violencia en intervenciones policiales con personas en crisis subjetivas.
La familia también vincula el desenlace con otras problemáticas que atravesaba Julián, como la precariedad laboral –había trabajado con contratos temporales en el Ministerio de Cultura y luego en El Molino–, la mercantilización de la salud en los centros de tratamiento a los que acudió, y la criminalización de las adicciones.