Esta semana se cumplen 48 años de la muerte del obispo de San Nicolás Carlos Ponce de León, fallecido en un oscuro incidente de tránsito durante la última dictadura cívico militar. En medio de los actos y homenajes que, como cada año, preparan las organizaciones religiosas de la diócesis, una comitiva pidió en la Cámara Federal de Rosario que se reactive la investigación sobre su muerte, reabierta en democracia bajo sospecha de que se trató de un asesinato pergeñado por militares ante la actividad social del religioso y su compromiso con los derechos humanos.
“Está pendiente el llamado a indagatoria de personas mayores de 80 años. Pedimos que le den prioridad a la causa. Si no, no habrá justicia por una cuestión de impunidad biológica”, planteó a La Capital Lucía Belén García, religiosa de la orden de Carmelitas Descalzas y seguidora de la obra del sacerdote, quien días atrás se presentó en los tribunales de Entre Ríos 425 junto a Víctor Sosa y Raúl Serrano.
Los integrantes de una comisión especial que impulsa la investigación del caso llevaban una foto del obispo y una carta con más de 400 firmas. En la presentación solicitaron que se designe un juez al caso tras el apartamiento del magistrado federal subrogante Marcelo Bailaque, acusado de corrupción institucional y vínculos con narcos, a quien el presidente Javier Milei le aceptó la renuncia la semana pasada. Es la tercera vez que se aparta al juez a cargo de la causa, radicada en el juzgado federal N° 2 de San Nicolás.
Esa vacante, plantearon en la carta, genera “una nueva e inaceptable dilación a la resolución de un hecho tan caro a la vida de la Iglesia argentina, que lleva 48 años esperando justicia”. La comisión especial para investigar la vida y la obra pastoral de Ponce de León fue creada por Conferencia Episcopal Argentina. Los seguidores de la obra del religioso preparan distintos homenajes en el mes aniversario de su muerte. El viernes próximo se celebrará una peregrinación a pie y una misa en la ermita que se levanta en el lugar del supuesto siniestro vial.
Asuntos pendientes
En la carta dirigida a la presidenta de la Cámara, Silvina Andalá, solicitaron además que los jueces de la sala B resuelvan un recurso presentado el año pasado por el fiscal federal nicoleño Mastías Di Lello. Entonces solicitó que se llame a indagatoria a civiles y militares bajo sospecha de que la muerte del obispo fue un asesinato pergeñado por el gobierno militar y enmascarado como un siniestro vial. Una medida que era dilatada por Bailaque, quien supeditaba el llamado a indagatorias a la respuesta de un exhorto enviado al Vaticano.
Esas demoras provocaron que en marzo pasado el fiscal Juan Patricio Murray —asignado a causas de violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado— cuestionara las demoras del proceso. En los últimos años fallecieron un general y siete coroneles ligados al caso. Las tres personas que la Fiscalía pretende indagar son Omar Andrada, quien fue jefe de la Sección San Nicolás del Destacamento de Inteligencia 101; Luis Antonio Martínez, el conductor de la camioneta contra la cual impactó el auto del sacerdote, y su acompañante Sergio Carlos Bottini.
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La comitiva de seguimiento del caso descansa en el trabajo de la Fiscalía, ya que la querella es ejercida en la causa por una sobrina del sacerdote. “Somos distintos grupos a los que nos reúne la memoria de Ponce y trabajamos para mantener vivo su legado”, explicó Lucía, para quien la figura del sacerdote fue un referente en su formación.
La muerte de un referente
Monseñor Carlos Horacio Ponce de León fue obispo de San Nicolás entre 1966 y 1977 y uno de los pocos miembros en la jerarquía de la iglesia católica en denunciar los crímenes y violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado. Las circunstancias de su muerte fueron similares a las del obispo de la Rioja Enrique Angelelli, ocurrida un año antes.
El 11 de julio de 1977 Ponce de León iba a Buenos Aires por la ruta 9 al mando de un Renault 4. Crítico de la represión ilegal a los trabajadores de Villa Constitución, llevaba documentación para denunciar secuestros y desapariciones ante la jerarquía de la iglesia. Una camioneta Ford F-100 con dos ocupantes que iba por la mano contraria lo encerró a la altura de Ramallo, supuestamente, al esquivar un micro que iba delante suyo y frenó de repente. El sacerdote falleció. S su acompañante, Víctor Oscar Martínez, resultó lesionado y años después denunció el ante la Conadep que tras el choque fue secuestrado.
El Poder Judicial de la época cerró el caso como un simple siniestro vial. En 1978 el juez Oberdán Andrín condenó por homicidio culposo a Martínez, conductor de la camioneta, a 6 meses de prisión en suspenso. Ya en democracia y a más de cuarenta años de la muerte del cura, la causa se reabrió en 2005. Pero nunca sobrepasó la instancia de instrucción ni fueron acusados responsables materiales o intelectuales.
Derrotero
En la revisión del caso, los fiscales Di Lello y Adolfo Villate encontraron “severas” irregularidades. En 2020 plantearon que se habría tratado de un atentado orquestado por los órganos represivos de la última dictadura cívico-militar. Señalaron que el obispo “estaba siendo objeto de operaciones de inteligencia, seguimientos, amenazas y extorsiones coactivas” a raíz de su defensa de perseguidos por cuestiones políticas, gremiales o religiosas.
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Los fiscales recordaron que en otros juicios por crímenes de lesa humanidad quedó demostrada “la plena operatividad de una estructura represiva” instrumentada desde lo que se llamó Área Militar 143 durante el terrorismo de Estado. Documentos de la Secretaría de Inteligencia de Estado acreditaron que los militares tenían conocimiento de las denuncias presentadas por Ponce de León y otros obispos en la Asamblea Episcopal Argentina de mayo de 1976.
En 2023 la Cámara Federal de Apelaciones respaldó el planteo: los jueces encontraron motivos para sospechar que se trató de un crimen y declararon nula la sentencia que había cerrado el caso en julio de 1978. En marzo del año pasado la sala 4 de Casación Penal, ante la presunción de delitos de lesa humanidad, avaló la reapertura del caso.
Las sospechas
Los elementos que fundan esas sospechas son varios. Como ocurrió con Angelelli, se obtuvieron testimonios sobre las amenazas de muerte que recibía el obispo. En abril de 1977, durante el velorio de un párroco, Ponce de León le comentó a un sacerdote que el próximo iba a ser él. Un documento firmado por el jefe del Área Militar 132 —el fallecido ex teniente coronel Manuel Fernando Saint Amant, procesado en varias causas de desaparición forzada—da cuenta de que el obispo estaba bajo vigilancia estrecha.
El texto, dirigido al comandante del primer cuerpo de Ejército, se titulaba “importancia política de Ponce de León y su elenco”, describía a la iglesia nicoleña como “resultante de fuerzas enroladas en las filas del enemigo” y recomendaba “erradicar los males expresados”.
Una pericia del licenciado en accidentología vial Jorge Geretto realizada con el software PC Crash puso en duda la mecánica del incidente. Planteó que la camioneta se encontraba cruzada en forma transversal al momento de la colisión. La ausencia de marcas de arrastre, según ese informe, revelan que estaba “totalmente detenida” al momento del impacto.
Según el estudio, en caso de encontrarse dentro del vehículo Martínez y su acompañante deberían haber sufrido graves lesiones, pero resultaron ilesos. Más allá de las condiciones climáticas de lluvia y niebla, indicó el perito, “resulta al menos sospechoso que no se llevaran adelante diligencias para establecer las causas de la ausencia de huellas de frenado de la camioneta F-100 en el asfalto”.
En la pesquisa original no fueron citados testigos directos, por ejemplo quienes llevaron a Ponce de León hasta una clínica, ni los ocupantes del supuesto colectivo. El informe de un médico policial de 1977 consignó que el obispo presentaba un “coma profundo con fractura y hundimiento de cráneo” mientras que el examen antropológico del cadáver realizado en 2009 no encontró fracturas en la cabeza.