Unas 300 personas, en su mayoría jóvenes, escucharon este miércoles a especialistas en Derecho, Justicia y Derechos Humanos en el conversatorio que puso en el centro del debate la reforma de la Constitución de Santa Fe. Organizado por la Multisectorial NO A LA BAJA y el Centro de Estudios e Investigaciones en Derechos Humanos (CEIDH) Juan Carlos Gardela, el encuentro “¡DOCUMENTOS, POR FAVOR!”, confrontó la narrativa punitivista con argumentos que defienden la protección integral de las infancias y la necesidad de una justicia con perspectiva social.
El conversatorio se llevó a cabo este miércoles a las 15 en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).
Llamado a la acción por los derechos y la justicia
El panel contó con la participación de Alejandro Cardinale, ex juez de Menores y actual juez Penal Juvenil; Matilde Bruera, ex diputada provincial y ex Defensora Pública Federal de Cámara; y Máximo Sozzo, doctor en Derecho e investigador de la Universidad Nacional del Litoral (UNL).
La mesa fue coordinada por Cecilia Ferreyra, de la Multisectorial NO A LA BAJA.
La presentación estuvo a cargo de Luciano Vigoni, quien destacó la importancia de que el debate sobre una temática tan sensible congregue a miembros del Poder Judicial, la academia y las organizaciones sociales.
En ese marco, Vigoni remarcó que “el proyecto neoliberal avanza de la mano del punitivismo y que la respuesta debe ser la construcción de herramientas de cuidado colectivo para contrarrestar la violencia y la crueldad dirigidas a los sectores populares”.
Una mirada desde la Justicia
El juez Alejandro Cardinale subrayó la obligación del Estado argentino, ante la comunidad internacional, de abordar la cuestión penal adolescente como parte del Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y no del Sistema Penal.
En este sentido, planteó que no sólo la sentencia al final del proceso, sino que cada momento de escucha, de abordaje, de sanción, debe tener una función pedagógica, que busque fortalecer el lazo social de la persona menor de edad sometida a proceso.
De esta manera, la necesidad de dar una respuesta incluye una sanción, pero no puede quedarse solo en eso, porque no cumple la función de garantizar el desarrollo del niño, niña o adolescente.
“Si nos quedamos en la falta y no profundizamos en las causas que rodean a esa conducta, no estaremos haciendo justicia”, afirmó.
Garantías básicas
Por su parte, la abogada Matilde Bruera desmintió la idea de un clamor popular por la «mano dura», sosteniendo que esta percepción es resultado de la falta de un debate profundo.
«Si sólo se ofrece a la ciudadanía que la solución es meter presos a otros, va a pedir eso», sostuvo.
Calificó al derecho como un “campo de batalla” donde hoy se defienden las garantías y la democracia, advirtiendo sobre el retroceso en materia procesal penal. » La síntesis de ello es ver cómo la Policía reprime en el Congreso a quienes se acercan a reclamar por sus derechos», aportó.
Bruera cuestionó la declaración del gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro sobre la ausencia de conceptos garantistas en la nueva constitución, exclamando: “Una constitución es justamente una carta de garantías básicas”.
En lo referido a las detenciones por averiguación de identidad, la ex legisladora contó que cuando empezó a trabajar en la profesión, allá por 1975, ya se discutía esta misma facultad policial de demorar a las personas sin motivo, «lo que configura un campo de arbitrariedad que otorga poderes discrecionales a las fuerzas de seguridad, habilita el armado de causas y la corrupción».
Para concluir, Bruera fue contundente: «Nos encontramos en franco retroceso en materia procesal penal y que es necesario organizarse colectivamente para actuar frente a los atropellos que cotidianamente sufren principalmente los jóvenes de los barrios populares».
Arbitrariedad para «hacer estadística»
A su turno, Máximo Sozzo se refirió a la arbitrariedad de las detenciones en la vía pública. El abogado, docente e investigador de la UNL sostuvo que estas detenciones sólo tienen por finalidad hacer estadística y que, a su vez, producen un efecto discriminatorio, estigmatizante, y favorecen el armado de causas, al tiempo que tienen habitualmente por destinatarios a jóvenes varones de barrios populares.
Como muestra de ello, se remitió al Hábeas Corpus presentado por el Servicio Público de la Defensa Penal, el cual fue aceptado por la Justicia provincial, y durante el que se ventiló que de 4000 detenciones sólo una había dado resultado positivo en cuanto a la aprehensión de una persona con pedido de captura activo.
Agregó luego que se demostró que las actas por resistencia a identificarse por falta de DNI se encontraban pre-impresas y que sólo se completaba el nombre de la persona aprehendida, como clara muestra de la finalidad de hacer número de estas detenciones.
Por último, en relación al proceso de reforma de la Constitución Provincial, criticó que fue acelerado, con una ficción de participación ciudadana.
Además, compartió una sugerencias durante el debate que habla sobre que las detenciones debían ser dispuestas por autoridad judicial y no por autoridad competente, como establece actualmente, para evitar la discrecionalidad policial.
Al cierre del panel, algunos jóvenes tomaron la palabra para denunciar el hostigamiento sistemático en el marco de las demoras por falta de DNI que sufren por parte de las fuerzas policiales.
Un joven de la comunidad QOM compartió el temor que esta situación genera en su comunidad debido al abuso de poder.
Como conclusión del encuentro, el panel propuso avanzar con estos debates en los territorios para construir, desde lo comunitario, herramientas que permitan «resistir el avance del punitivismo, la violencia y la crueldad».