El Ministerio Público de la Acusación pidió penas de hasta 14 años de cárcel para el ex titular de la Unidad Regional II y otros imputados en una causa que investiga el desvío de fondos destinados a patrulleros.
La Fiscalía solicitó 12 años de prisión para el ex jefe de la Unidad Regional II de Rosario, Daniel Acosta, en el marco de la causa que investiga un millonario fraude con combustibles destinados a patrulleros policiales. Además, los fiscales pidieron la apertura del juicio oral y público para todos los acusados involucrados en la maniobra.
En la misma presentación judicial, el Ministerio Público de la Acusación requirió una pena aún mayor para el ex secretario privado de Acosta -ya detenido-, el comisario y abogado Rodrigo Domínguez. Para él, la acusación solicitó 14 años de prisión efectiva al considerarlo una pieza clave dentro del esquema de desvío de fondos públicos.
La investigación apunta a una estructura que habría operado mediante irregularidades en las cargas de combustible asignadas a móviles policiales. Según la acusación, parte del dinero destinado a abastecer patrulleros era redireccionado para beneficios personales de integrantes de la organización, generando un perjuicio económico para el Estado provincial.
La causa incluye a más de una decena de imputados, entre policías y civiles, para quienes también se solicitaron penas de prisión efectiva que van desde los 4 hasta los 7 años. Los fiscales consideran que existió una asociación organizada destinada a sostener durante un largo período el fraude con recursos públicos vinculados al funcionamiento de la fuerza policial.
De acuerdo con la investigación, las maniobras consistían en consumos adulterados, cargas inexistentes y utilización irregular de tarjetas destinadas al abastecimiento oficial de combustible. La fiscalía sostiene que el mecanismo permitió extraer fondos de manera sistemática mientras los patrulleros debían operar con recursos limitados.
Con el pedido de elevación a juicio oral, el expediente entra ahora en una etapa decisiva. Será la Justicia la que determine si los principales acusados, entre ellos Acosta y Domínguez, deben enfrentar el proceso en debate público por uno de los casos de presunta corrupción policial más relevantes investigados en Rosario en los últimos años.
El pedido de apertura de juicio y las penas del fiscal José Luis Caterina (Fiscalía de Rosario):
- Rodrigo Sebastián Domínguez: 14 años de prisión
- Daniel Acosta: 12 años de prisión
- Juan Pablo Pigozzi: 8 años de prisión
- Diego Alberto Santamaría: 7 años de prisión
- Héctor Daniel Saucedo: 7 años de prisión
- Gustavo Adrián Bazán: 4 años y 6 meses de prisión
- Adrián Bahl: 5 años de prisión
- Darío Fabián Fantín: 5 años de prisión
- Juan Manuel Herrera: 5 años de prisión
- Mario Rodrigo Brest: 4 años y 6 meses de prisión
- Fabián Becerra: 5 años de prisión
- Edgardo Roldán: 4 años y 6 meses de prisión
- Fernando Miguel Ceballos: 4 años y 2 meses de prisión
- Roberto Gabriel Blanco: 6 años y 8 meses de prisión
- Diego Luna: 5 años de prisión
- Juan Alberto Villordo: 5 años de prisión
- Javier Norberto Arce: 4 años y 2 meses de prisión
- Roberto Sandoval: 4 años y 6 meses de prisión
- Franco Sebastián Cuesta: 3 años y 4 meses de prisión
- Mónica Juana Bianconi (civil, dueña de la estación): 8 años de prisión
- Daniel Alberto Reynoso (civil): 6 años y 8 meses de prisión