El Ministerio Público de la Acusación presentó un balance sobre las consecuencias del ataque en San Cristóbal: 404 denuncias registradas, 73 menores identificados y un llamado a extremar la seguridad en los hogares.
El Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe difundió un balance sobre las secuelas del ataque a tiros ocurrido en una escuela de San Cristóbal, que dejó como saldo la muerte del adolescente Ian Cabrera (13) y heridas a otros dos estudiantes. Según informaron fuentes oficiales este jueves, desde el día del crimen se registraron 404 denuncias de amenazas en instituciones educativas de la provincia, de las cuales 73 ya tienen autores identificados.
La mayoría de las investigaciones, 238 casos, se tramitan en la Fiscalía Regional de Rosario, que concentra más de la mitad de las denuncias. Otras 75 corresponden a la Fiscalía Regional Primera, en la capital provincial; 35 a Rafaela; 33 a Venado Tuerto y 23 a Reconquista.
Las autoridades expresaron su preocupación por la facilidad con que menores acceden a armas y municiones. “Es imperativo que dichos elementos permanezcan bajo llave y completamente fuera del alcance de niños, niñas y adolescentes”, señalaron voceros del MPA. En ese sentido, hicieron un llamado a padres, familiares y adultos –incluso aquellos que no conviven con los menores– para “extremar de manera rigurosa” las medidas de prevención en los domicilios.
De acuerdo con la normativa nacional, “la responsabilidad en la guarda es un factor determinante para prevenir conductas de riesgo”. Desde el crimen en San Cristóbal se realizaron 11 allanamientos y 16 requisas domiciliarias, en los que se secuestraron 51 elementos, entre ellos armas de fuego, pistolas de gas comprimido con balines, cartuchos de escopeta percutidos, balas de calibre 22, teléfonos celulares y armas blancas.
Las amenazas se manifestaron de diversas formas, sin distinción geográfica: carteles, pintadas y mensajes que anticipaban tiroteos. En algunos casos se encontró material balístico y armas reales; en otros, réplicas de juguete. “Estos graves hechos son delitos que se encuentran siendo investigados por fiscales”, remarcaron fuentes oficiales.
De las 73 personas identificadas hasta el momento, 23 están en Rosario y localidades vecinas, 17 en la región de Venado Tuerto, 15 en Santa Fe, 14 en Rafaela y 4 en Reconquista. Aproximadamente el 95% son menores de edad. A nivel local, todas las causas quedaron a cargo de la unidad especializada en Cibercrimen, con los fiscales Matías Ocariz y Aurelio Cicerchia al frente de una investigación compleja que incluye medidas bajo reserva y la posibilidad de identificar instigadores detrás de los mensajes o pintadas que buscan generar temor.