Catalina es la nena de la que todos hablan en Córdoba. Tiene 11 y uno diría que todo (la frescura, el mundo, el tiempo) por delante. A fines de febrero la llevaron a la guardia por una crisis asmática; una entre tantas, podría haber sido, pero quedó internada 51 días. Le dieron fentanilo contaminado. Como empeoraba, cuatro días después le dieron más. Entró con 50 kilos y algunas semanas después pesaba la mitad.
“Catalina tiene secuelas de todo tipo. Físicas, neurológicas, psicológicas. Prefiero no ahondar en los detalles”. El relato puramente descriptivo de los hechos ocurridos y denunciados, comprobables y objetivos, vino de los abogados Emiliano Ramallo y Alexis Kohmann, que defienden a la familia de Catalina, por ahora necesitada de silencio mediático. Es una historia que dio a conocer La Voz y con la que Clarín quiso tomar contacto.
Una historia nueva que relata lo que ya parece viejo, repetido y abrumador: los pacientes que se acumulan en una pila que supera el número 100, aunque las muertes que investiga la Justicia, al cierre de esta nota, eran 96. Son las potenciales víctimas del fentanilo contaminado, producido por los laboratorios HLB y Ramallo, propiedad de Ariel García Furfaro, quien junto con otras 16 personas está imputado en la causa que tramita en el Juzgado Federal Nº3 de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak. Ocho de esas personas están detenidas; nueve, en su casa.
Se puede estar horas leyendo las declaraciones indagatorias, los informes de la ANMAT y el Malbrán, los detalles de las bacterias, las explicaciones de los médicos de los centros de salud de las (al menos seis) provincias donde se administraron las ampollas de fentanilo contaminado, los oficios y sumarios ligados a los allanamientos en el largo expediente judicial. Nada será tan contundente para dimensionar las inéditas consecuencias que pudo haber causado el fentanilo contaminado con bacterias multirresistentes a los antibióticos como imaginar a la nena de 11 postrada 51 días en una cama de hospital. O a los padres, en el aguante de lo inaguantable, recibiendo “varias veces la noticia, de parte de los médicos, de que deberían empezar a despedirse de ella”.
Los abogados remarcan que las secuelas de Catalina son de por vida y que todos consideran un milagro que, aun como está, siga en pie. Contaron que los médicos, entre fonoaudiólogos, clínicos y varios etcéteras, le hacen un seguimiento diario porque si la mandaron a casa no fue por tener el alta, sino para evitar una sobreinfección viral intrahospitalaria.
Catalina salía de la Clínica Vélez Sársfield de Córdoba para su casa un día de abril. Fue justo por las mismas fechas en que Giovanni llegaba al mundo: el mismo centro de salud y la misma droga contaminada. Al cierre de esta nota y cuando Giovanni cumple cuatro meses de vida y también de internación, sus padres no habían contestado los mensajes de este medio para actualizar su estado de salud.
Los tiempos del fentanilo contaminado
La línea temporal de esta historia no tiene desperdicio. Catalina estuvo 51 días internada y ya estaba externada del hospital cuando la ANMAT (organismo que está siendo investigado en esta causa) recibió la denuncia y luego (con cierto delay) difundió la prohibición de utilizar los medicamentos de HLB y Ramallo. Cuando eso pasó, los médicos de la paciente pediátrica habían pasado casi dos meses devanándose los sesos para comprender el porqué de semejante cuadro infeccioso.
De comienzos de mayo a comienzos de agosto hay tres meses de diferencia. Es el tiempo que llevó que los padres de Catalina entendieran mínimamente lo que le podría haber pasado a su hija. “Recién hace 15 días los llamaron desde el Vélez Sársfield y les dijeron que Catalina había recibido el fentanilo contaminado”, remarcó Ramallo.
Clarín reportó las demoras que hay en la detección de casos sospechosos en Córdoba. En particular, por la alta cantidad de ampollas contaminadas administradas a pacientes y la baja cantidad de muertes confirmadas (dos, al cierre de esta nota), una tasa de mortalidad que hace ruido, en comparación a lo observado en otras jurisdicciones.
Fentanilo: una inédita demanda civil
“La figura se llama pretensión preventiva“, explicó el abogado Ramallo y sumó: “Se utiliza en situaciones totalmente distintas. Por ejemplo, si hay un accidente y una persona quedó damnificada físicamente y va a precisar una prótesis, el pedido del insumo se puede hacer anticipadamente, apelando a la figura de pretensión preventiva, como para no esperar a que termine el juicio y seguir generando más daño a la persona.”
Así, además de la denuncia penal (que compartió Kohmann, el penalista de la dupla), los abogados interpusieron una demanda civil, apelando a esa novedosa figura en esta causa, algo que “no se había hecho antes de esta manera”. Las dos denuncias, la penal y la civil, fueron presentadas ante el Juzgado Federal Nº1 de Córdoba, desde donde supieron que se “reenviará la causa a La Plata”.
¿En qué consiste la pretensión preventiva en este caso? Según contaron, si el juez acuerda, “la idea es que se dispongan, desde le punto de vista judicial, alrededor de 35 medidas para que esto no vuelva a ocurrir”.
Si la Justicia falla a favor de este pedido, “deberá ordenar a todas las clínicas y hospitales del país, al SISA y la ANMAT que, en adelante, utilicen un protocolo preventivo distinto, antes casos como este”.
Por ejemplo, a la ANMAT le pidieron que “implemente un sistema de alerta temprana, tipo ‘red roja’, para que cualquier efector de salud pueda hacer la denuncia en tiempo real, si encuentra ampollas contaminadas o sospecha que puedan estarlo”.
Los letrados se apoyan en el delay que tuvo el organismo de control sanitario entre que recibió la denuncia del Hospital Italiano de la Plata (2 de mayo) y emitió la primera comunicación de no uso del fentanilo a los centros de salud del país el 8 de ese mes. Creen que la demora, provocada por los tiempos de análisis del fentanilo, se podría haber evitado “si se adoptaba una medida preventiva que suspenda el uso de la droga, hasta que se confirme o niegue la sospecha”.
También pidieron “la restauración del mecanismo de trazabilidad del fentanilo, que fue eliminado por una resolución de 2016″ y, al respecto, opinaron: “De existir la trazabilidad, quizás esto no se hubiera propagado tanto.”
“Los padres de Catalina están devastados psicológica, anímica y económicamente”, subrayó Ramallo. Como “tratan de hacer todo lo que está a su alcance, decidieron difundir su historia”. Fue para que “esto se replique y no se vuelva a repetir. Tenemos temor de que esto se repita. Lo que no se difunde, es tapado por nuevas urgencias. Los público hace que se activen resortes que de otro modo no se activarían”.
AA