El fiscal Luis María Caterina solicitó penas de hasta 14 años de prisión para 21 imputados, entre ellos el exjefe de la Unidad Regional II, Daniel Acosta, por un fraude que desviaba fondos de combustible de patrulleros en Rosario.
El fiscal Luis María Caterina presentó un escrito acusatorio de más de 300 páginas en el que solicita penas de prisión para 21 personas, entre ellas el exjefe de la Unidad Regional II de Rosario, Daniel Acosta, por su presunta participación en un fraude millonario con combustible de patrulleros. La investigación comenzó en julio de 2024 tras una denuncia anónima que alertaba sobre cargas diarias de combustible a vehículos fuera de servicio.
Para Acosta, el fiscal pidió 12 años de prisión, mientras que para su secretario privado, Rodrigo Domínguez, solicitó 14 años, al considerarlo organizador de la maniobra. El resto de los imputados enfrentan penas de entre 3 años y 4 meses y 8 años por delitos de asociación ilícita, cohecho, peculado y defraudación.
Según la acusación, el fraude se basaba en la sobrefacturación de combustible y cargas ficticias en patrulleros, con retornos en efectivo desde una estación de servicio ubicada en Ovidio Lagos al 3900, gerenciada por Gas Auto Tiferno. La estación se quedaba con un 20% de lo sobrefacturado. El gobierno provincial estimó que el fraude costaba unos 45 millones de pesos mensuales, aunque tras la pesquisa el ahorro en el rubro ascendió a 60 millones por mes.
La investigación incluyó GPS en móviles, vigilancia encubierta y escuchas telefónicas. Se detectó que los patrulleros solo cargaban combustible en esa estación, que era la única dispuesta a participar. Además, se descubrió un régimen interno de sanciones llamado OGM (Oficina de Gestión de Multas), que imponía multas en efectivo o bienes a los recaudadores que cometieran errores.
Entre los acusados se encuentran jefes de distintas secciones policiales, como Adrián Bahl, Darío Fabián Fantín y Juan Manuel Herrera, para quienes se pidieron 5 años de prisión. También figuran dos civiles: Mónica Bianconi, empresaria de la estación de servicio, con pedido de 8 años, y Daniel Alberto Reynoso, encargado, con 6 años y 8 meses.
La presentación del fiscal extiende automáticamente la prisión preventiva de ocho acusados. Luego se fijará fecha para la audiencia preliminar, previa a un posible juicio oral.