El 30 de abril comenzará en Rosario el primer juicio por jurados de su historia, en el caso del asesinato del suboficial Leoncio Bermúdez. Doce ciudadanos rosarinos serán los encargados de determinar la culpabilidad de los cuatro acusados.
El próximo 30 de abril, Rosario será escenario de un hecho inédito en su historia judicial: el primer juicio por jurados. El caso que marcará este hito es el del crimen del suboficial Leoncio Bermúdez, ocurrido en noviembre de 2023 frente al Hospital Provincial. Doce ciudadanos de la ciudad, seleccionados conforme a la ley, tendrán la responsabilidad de analizar las pruebas y decidir sobre la culpabilidad o inocencia de los cuatro acusados.
El proceso judicial se pondrá en marcha con dos audiencias preliminares, fijadas para el 30 de abril y el 4 de mayo. En estas instancias, la fiscalía, la querella (representada por la abogada de la familia, Nair Moreno) y la defensa expondrán sus argumentos y presentarán las pruebas. La querella anticipa que el juicio oral propiamente dicho podría comenzar entre junio y julio.
La muerte de Bermúdez, quien fue baleado frente a su hija de 10 años mientras prestaba servicio, presenta varios agravantes. Uno de ellos, destacado por la representación de la familia, es la figura de “crimen por odio” contra un integrante de las fuerzas de seguridad, una calificación que, según la abogada, no tiene precedentes similares en América Latina.
La modalidad de juicio por jurados se implementó en la provincia de Santa Fe mediante la ley Nº 14.253. Hasta el momento, se han realizado cuatro experiencias en las localidades de San Cristóbal, Santa Fe (capital), San Javier y Reconquista. El de Rosario será el primero dentro de la Circunscripción Judicial Nº 2.
Para integrar el jurado, los ciudadanos deben cumplir con una serie de requisitos: ser argentino nativo o naturalizado con dos años de ejercicio de la ciudadanía, tener entre 18 y 75 años (con posibilidad de excusarse a partir de los 70), saber leer, escribir y comprender castellano, y haber residido los últimos dos años en la circunscripción, que abarca Rosario y localidades aledañas. Quedan excluidos, entre otros, funcionarios de los tres poderes del estado, integrantes activos de fuerzas de seguridad y armadas, dirigentes políticos y sindicales, y profesionales directamente vinculados al derecho.
La investigación del caso, iniciada por la fiscal Gisella Paolicelli (fallecida en septiembre de 2025), fue retomada por la fiscal Marisol Fabbro. La abogada querellante Nair Moreno consideró que los tiempos procesales fueron los adecuados para este tipo de juicio, que requiere un estudio de pruebas “más exhaustivo”.